La reciente modificación del artículo 71.1.d de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, da nueva redacción al párrafo primero de la letra d) del apartado 1 del artículo 71, incluyendo expresamente que no podrán contratar con ninguna Administración Pública las empresas a partir de 50 personas en plantilla en algún momento del año, que no cumplan «con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres«
Era una cuestión de tiempo que esta obligación quedara clara, y se eliminase la cantidad de 250 personas, adecuándola a la normativa en igualdad.
Pero esta exigencia no resuelve el problema. Como suele suceder, queda sin concretar la parte práctica, que por ejemplo es cómo realizar, negociar y registrar un plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el tiempo en el que está abierta la convocatoria, o qué sucede con las empresas cuyo cliente principal es la Administración y no tienen representación legal de las personas trabajadoras. Entre otras situaciones que pueden darse.
En estos momentos los sindicatos siguen dando plazos inviables para constituir las comisiones negociadoras, y el REGCON sigue sin facilitar la inscripción de planes en los que se demuestra, por mil vías la insistente invitación a los sindicatos más representativos a constituir la mesa negociadora, durante más de un año.
Con esta realidad, en la que en mi opinión faltan herramientas y coherencia en los conceptos, la igualdad entre mujeres y hombres en las organizaciones se ha convertido en problema más que en una oportunidad de crecimiento tanto para las empresas, como para la sociedad.
No obstante, sigo siendo positiva y allá donde aporto mi experiencia, comparto mi visión estratégica de la igualdad y la inclusión de la diversidad como ingrediente necesario para mejorar la competitividad y mantener el empleo.
